y prohibiciones para el resto
La Asamblea Internacional de Radiodifusión se ha reunido esta semana en la ciudad de San Fernando. Los actos más relevantes serán presididos por el vicepresidente Primero del Gobierno y ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este veterano político hará entrega a Mario Vargas Llosa del premio a la Defensa de la Libertad de Expresión y de los Valores Humanos.
Esta distinción no se otorga de forma periódica. Hasta ahora, este organismo privado sólo la ha otorgado en dos ocasiones a personajes del mismo perfil que el intelectual liberal: en el año 2000 al Rey Don Juan Carlos en un acto que tuvo lugar en la Casa de América de Madrid y en el año 2002 al Papa Juan Pablo II en una gala que se celebró en Roma.
La asamblea general reclamó a países como Venezuela o Argentina que mejore sus instrumentos jurídicos para “reponer la garantía constitucional de la libertad de expresión”. Según las empresas reunidas, en el caso de Venezuela han observado “el cierre de 32 emisoras de radio y una estación de televisión”, el "acoso" a los dueños de canales de noticias y el "ataque constante a periodistas". De Argentina se denuncia la "permanente hostilidad del Gobierno en contra de medios privados".
La AIR emitió una resolución contra el Gobierno de Venezuela ante lo que considera un deterioro en la democracia y el Estado de Derecho. En esta resolución dice que tal deterioro se evidencia, entre otros factores, por “el cierre ilegal de emisoras de radio y televisión”, que “permanecen cerradas las 32 emisoras de radio clausuradas ilegalmente el 31 de julio del año 2009” y menciona “el cierre ilegal de la estación de televisión Radio Caracas Televisión desde el 27 de mayo de 2007”.
“El cierre ilegal de las 32 emisoras” y el “cierre ilegal de la estación de televisión Radio Caracas Televisión” que se denuncia se basa en un cierre tan ilegal que se ajusta a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela.
Se revocaron las concesiones de 34 emisoras, de más de 800 que emiten a nivel nacional. Estas concesiones no se revocaron por motivos políticos, sino porque no cumplían con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Algunas de ellas ni siquiera eran de la oposición al gobierno venezolano. Al aplicar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se inspeccionaron todas las emisoras de radio del país y algunas presentaban irregularidades. Tuvieron un plazo de varios meses para regularizar su situación y, finalmente, las que no cumplieron, se revocaron de conformidad con el artículo 7 de la LOTEL.
En el caso de RCTV, igual que otras 5 emisoras de televisión que emitían por cable, dispuso del tiempo suficiente para ajustarse a la Ley. Todas las emisoras cumplieron con estos requisitos para emitir por cable excepto RCTV que lo convirtió en un conflicto político y mediático.
Estas medidas son habituales en todos los países: las emisoras que no cumplen con la ley de telecomunicaciones se suspenden, acción totalmente legal y ajustada a derecho.
Estos hechos ya estaban suficientemente argumentados y aclarados, pero tenemos que explicarlos una y otra vez porque una y otra vez vuelven con la misma cantinela del “cierre ilegal”. Incluso se organizan Asambleas Internacionales, como la AIR, que emiten este tipo de resoluciones, poco serias e impresentables, avaladas por premios nobel y vicepresidentes de gobierno.
Sin embargo, esta misma asamblea ha solicitado al Gobierno español que “cierre más de 2.000 emisoras ilegales que existen en el país”, que, según el colectivo, causan "un importante perjuicio".
Por su parte, el premiado en esta ocasión, Vargas LLosa, se ha mostrado muy beligerante con la libre reproducción de sus obras literarias, al declarar recientemente que “No hay una decisión gubernamental de acabar con la piratería de los libros, Un gobierno que quiere acabar con la piratería puede hacerlo, ni siquiera en días, sino en horas. No hay una conciencia de que la piratería es algo malo”. También afirmó que “La piratería es un reflejo del caso nulo respecto a la legalidad que hay en muchos países. No hay la conciencia de que la piratería perjudica a los lectores, a los Estados, a los editores, a los libreros, a los distribuidores”.
El Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810, de Libertad política de imprenta, establecía que “la facultad de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no sólo un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan, sino un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”. Sí repasamos su articulado podemos corroborar que entre las limitaciones de “libertad de imprenta” no se encontraban los llamados “derechos de propiedad intelectual”. De forma que, si siguiese vigente esa norma, podríamos reproducir los libros de Vargas Llosa.
En conclusión, un grupo de empresas "oligopólicas" se reúnen con motivo de un hito histórico de la libertad de expresión y aprovechan para pedir el cierre de sus competidores en España. También lanzan las andanas habituales contra Venezuela y Argentina, Estados progresistas donde hay procesos para democratizar el derecho a la libertad de expresión. Y por último, la asamblea premia a un personaje contrario a la libertad de imprenta.
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