miércoles, 13 de febrero de 2013

EL NEGOCIO DEL HOLOCAUSTO AJENO


El Estado de Israel sigue actuando al margen de la comunidad internacional
¿Cuáles son las consecuencias para el conjunto del "Pueblo de las Naciones"?




Traducido del francés para Rebelión por Caty R.


El pasado 29 de diciembre, el Estado de Israel no se presentó a su segundo Examen (1) Periódico Universal en la decimoquinta (2) Sesión del Consejo de los Derechos Humanos (3). ¿Temía las recomendaciones del informe de Amnistía Internacional? (4).

Los 193 miembros de la comunidad internacional tienen la obligación de presentarse cada cuatro años al Examen Periódico Universal (EPU), «uno de los pilares en los que se apoya el Consejo de los Derechos Humanos para recordar a los Estados su responsabilidad (…) de respetar plenamente y aplicar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo último del EPU es examinar y mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y procesar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan» (5). El EPU se concibió para (…) « promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos; un mecanismo de cooperación basado en una información objetiva y fiable y en el diálogo interactivo, así como para garantizar la cobertura general y el trato igualitario a todos los Estados (…)» (6).

La decisión del Estado de Israel, la primera en su género, ciertamente constituirá un precedente que acarrea el riesgo cuestionar el proceso del EPU, y más probablemente el de debilitar el papel del Consejo de los Derechos Humanos ya ampliamente discutido.

¿El Estado de Israel se permitió rechazar el Examen porque solo es miembro observador? Ningún Estado miembro observador puede ignorar que su estatus no permite eludir el Examen Periódico Universal.

Recordemos que el Consejo está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General para tres años y reelegibles una sola vez. El Consejo de los Derechos Humanos, órgano intergubernamental y subsidiario de la Asamblea General, ha sustituido a la antigua Comisión de los Derechos Humanos que dependía del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

En realidad la reacción del Estado de Israel era previsible, ya que el pasado 26 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, informó por correo a la presidenta (7) del Consejo de los Derechos Humanos, Laura Dupuy-Lasserre de Uruguay, de que el gobierno suspendía sus relaciones con el Consejo de los Derechos Humanos porque dicho Consejo disponía de una «mayoría automática hostil a Israel (…); ese organismo hipócrita no tiene nada que ver con los derechos humanos. Su posicionamiento y su falta de objetividad son evidentes y no tenemos ninguna razón para cooperar con él». Incluso fue más lejos y afirmó que «no seremos actores en ese teatro del absurdo porque el 70% de las decisiones del Consejo son hostiles a Israel. Tenemos la intención de pedir a los países libres, como Estados Unidos, que se retiren» (8).

Esta brutal reacción fue la respuesta a la decisión (9) del Consejo de los Derechos Humanos de poner en marcha una misión (10) investigadora internacional e independiente (la primera en su género) sobre las consecuencias de la colonización israelí de los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental, respecto a los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales. Esta no es la primera vez, ni será la última, que el Estado israelí quiebra algunos procedimientos de la ONU, recordemos el Informe Goldstone, la conferencia de Durban de 2001 y su continuación en 2009 en Ginebra y numerosas resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

A eso hay que añadir que esa misión internacional independiente entregó su informe (11) antes de Examen Periódico Universal al cual debería responder el Estado israelí. ¿Quizá Israel considera que dicho informe es un elemento de cargo y por lo tanto, desde su punto de vista, parcial?

La cuestión que viene espontáneamente a la cabeza es por qué los informes coercitivos no se aplican al Estado de Israel, que solo acepta algunas reprimendas de su aliado favorito, Estados Unidos. Por qué ningún Estado consigue romper esa arrogante convicción del Estado de Israel de que está por encima de todas las leyes internacionales, incluidas las del derecho internacional humanitario, y que puede tomar la decisión de perpetrar asesinatos selectivos, seguir ocupando, cada vez con más violencia, los Territorios Palestinos, encarcelar sin proceso ni juicio a miles de palestinos por presuntas razones de seguridad que solo Israel conoce, mantener a 1,5 millones de personas bajo un embargo inhumano e ilegal, robar las tierras y los recursos acuáticos, por no hablar de las políticas de apartheid con respecto al conjunto de los palestinos ocupados, la aplicación de leyes xenófobas a las minorías israelíes y a los palestinos de 1948, sin olvidar la forma indigna e inhumana en que trata a los emigrantes… la lista de las violaciones es larga. Y conocida. ¡Los pueblos pagan un precio muy alto!

Numerosos reportajes han mostrado en directo los actos ilícitos, los artículos publicados tanto en Haaretz como en Jerusalem Post (12) describen dura y minuciosamente esas graves faltas. Se podría decir que todo se juega en directo.

¡Y no hay que olvidar las declaraciones de algunos militares (13) o de los colonos que se jactan de sus hazañas sin ninguna contención! Los informes de las instituciones internacionales, de las ONG o de las asociaciones tanto palestinas (14) como israelíes (15) e internacionales refuerzan los numerosos testimonios.

¿Tendremos que remontarnos a las condiciones de la creación del Estado de Israel para entender plenamente qué es lo que le autoriza a situarse fuera del derecho internacional y del derecho internacional humanitarios? Ciertamente.

No podemos olvidar el peso de la culpabilidad europea y de un país como Estados Unidos, que prefieren mirar a otro lado y hablar de faltas moderadas o del derecho del Estado a defenderse ante más de 1.500 muertos y 4.500 heridos en la «Operación Plomo Fundido» (16). Este estribillo lo repiten tanto Joe Biden (17) como Barak Obama (18), Hillary Clinton (19) y por supuesto los responsables del ejército israelí quienes en la web de Tsahal presentan una peligrosa justificación (20) de «legítima defensa».

El Estado de Israel no deja de aprovecharse de esa culpabilidad, ayudado por sus numerosas redes que ejercen un lobbiying en las instancias a las que tienen acceso.

Así, los «amigos de Israel» aportan su apoyo económico a todas las estructuras del país, lo apoyan en sus numerosos esfuerzos para introducir en ciertas instancias (21) económicas, existentes o previstas, en diferentes países y diferentes continentes, por ejemplo a las empresas (22) que distribuyen los productos de las colonias ilegales (23) o para conseguir contratos fantásticos con grandes empresas extranjeras, como fue el caso con Veolia y Alsthon en la construcción del tranvía (24) de Jerusalén, entre otras muchas violaciones.

Todo eso se lleva a cabo mientras los Estados y las empresas saben perfectamente que el Estado de Israel viola las leyes imperativas que deberían garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales y comete crímenes de guerra e incluso crímenes contra la humanidad.

Los Estados-partes de la Cuarta Convención de Ginebra tienen la obligación, como recordó la Corte Internacional de Justicia en 2004, «en el respeto a la Carta y el derecho internacional, de hacer que el Estado de Israel respete el derecho internacional humanitario incluido en esta Convención (25)». Israel repite constantemente que esa Convención (26) no es aplicable a los palestinos. Así, en enero de 2002, cuando los palestinos (27) fueron expulsados por presuntas razones de seguridad de Cisjordania a la Franja de Gaza, la Corte Suprema de Israel afirmó que esas expulsiones «no eran contrarias al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra» (28).

En cuanto al Estado de Israel, en tanto que potencia militar ocupante, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la antigua Comisión de los Derechos Humanos, el Consejo de los Derechos Humanos o el Tribunal Internacional de Justicia –por nombrar solo algunas instancias- no dejan de insistir en que Israel debe cumplir las obligaciones que conciernen a las leyes y usos de la guerra terrestre señaladas en las Regulaciones (29) de La Haya de 1907, que forman parte del derecho consuetudinario en la IV Convención de Ginebra, relativa a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra de 1949, de la que el Estado de Israel es Alta Parte Contratante. Sin olvidar el conjunto de los tratados relativos a los derechos humanos y los derechos fundamentales que son aplicables tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

No hay nada que hacer. Con cinismo y violencia el Estado de Israel viola, burla y denigra todas las Convenciones, Resoluciones, Declaraciones y Recomendaciones apoyado por su aliado Estados Unidos.

Sin embargo Israel, al reivindicar su derecho legítimo a un Estado y aceptando convertirse en miembro de la comunidad internacional por la Resolución 191, aceptó respetar los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto no puede interpretar el artículo 51 de la Carta de la ONU como le plazca. No debe olvidar que su gobierno aceptó adherirse a esta Carta cuyo objetivo esencial es «mantener la paz y la seguridad internacionales» (30), sin olvidar que dicha Carta se hizo por iniciativa de los «Pueblos de las Naciones» que querían que los gobiernos actuasen en su nombre para «crear las condiciones necesarias para el mantenimiento de la justicia y el respeto de las obligaciones nacidas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional» (31).

El artículo 51 permite, en efecto, el empleo de la fuerza como reacción a «una agresión armada única y exclusivamente si se informa al Consejo de Seguridad y eso no afecta de ninguna manera al poder y el deber del Consejo en virtud de la Carta». Está muy lejos de ser el caso. Según los comentarios del artículo 51 contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, comentarios hechos artículo por artículo (32), los autores constatan con preocupación que la «legítima defensa que debería ser la excepción, una válvula de seguridad (…) se ha convertido en la norma (…) y ha llevado al fracaso del sistema de seguridad colectiva instituido en la Carta.

Añaden que algunos Estados también se sirven de la legítima defensa para garantizar la protección de los residentes en el extranjero o como una reacción a ataques armados que tomarían la forma de agresión infiltrada «injerencia militar del exterior (…)» contra eventuales y presuntas agresiones futuras –acción preventiva-.

Sobre este último punto es interesante comprobar, por una parte, que el Estado de Israel justificó su ataque a un centro de investigación militar, en el noroeste de Siria (33), presuntamente para evitar que las armas cayeran en manos de Hizbulá; y por otra parte los miembros del Consejo de Seguridad a quienes el ministro de Asuntos Exteriores sirio envió una carta no han reaccionado, aunque sí lo hicieron en otras ocasiones, por ejemplo cuando Siria atacó en octubre un pueblo turco (34).

En esa carta, el ministro sirio señala «el fracaso del Consejo de Seguridad al liberarse de su responsabilidad para impedir ese grave ataque israelí que cierne grandes riesgos sobre la estabilidad de Oriente Medio y la seguridad mundial» y carga «toda la responsabilidad de las consecuencias de esa agresión sobre Israel y los Estados que le protegen en el Consejo de Seguridad» (35). Más allá del deseo, varias veces expresado por medio de las agresiones que rebasan el marco fijado en el artículo 51 y violan las normas imperativas, el Estado de Israel intenta crear una nueva realidad que correspondería, según él, al choque de las civilizaciones definido por Huntington, pero viola claramente el artículo 264 de la Carta poniendo cada vez más en peligro la paz y la seguridad internacionales.

Asistimos cada vez más al regreso del concepto Ius ad bellum; estamos de acuerdo con Charles Chaumont en que «el Estado de derecho internacional está marcado por la primacía de las apariencias sobre las realidades, por la determinación de las reglas sin considerar las condiciones concretas de su aparición y su aplicación, así como por la estructura de los Estados y relaciones internacionales implicadas. Se trata de una mezcla de cinismo e ilusionismo» (36).

El Consejo de Seguridad cada vez es más incapaz de hacerse oír ya que al mismo tiempo es objeto de presiones de uno u otro de los cinco miembros permanentes y de los otros 10 Estados no permanentes elegidos por la Asamblea General y por la manifestación de un desequilibrio geográfico flagrante.

Sin hablar, por supuesto, de la forma en que se toman las «decisiones del Consejo de Seguridad con respecto al resto de las cuestiones que no implican procedimientos» (37). En la actualidad, el poder de intervención depende únicamente de los cinco miembros permanentes del Consejo, lo que es contrario a la propia esencia de la Carta, que se basa en la no discriminación con su corolario de «la igualdad entre naciones grandes y pequeñas» (38). Entonces, debemos admitir con Roland y Monique Weyl (39) que la utilización del derecho de veto establecida en el marco del Consejo de Seguridad es contrario a uno de los principios fundamentales de la Carta y es necesario revisarlo para respetar dicho principio.

En definitiva, la decisión del Estado de Israel de no asistir al EPU muestra el debilitamiento de las instancias de la ONU, sus dificultades de funcionamiento y su cuestionamiento con respecto a la instrumentalización del derecho internacional que legaliza la violencia, la colonización, la dominación y el sometimiento de los pueblos, además de legalizar, por medio del orden jurídico internacional elaborado científicamente y materializado como «doctrina», el racismo hacia los pueblos colonizados y el orden jurídico internacional de saqueo y robo de las riquezas naturales y los bienes culturales de los pueblos. Se trata de un derecho internacional que esconde, enmascara las contradicciones y las realidades de la dominación de los más fuertes sobre los más débiles.

También es el momento de constatar que las reglas de funcionamiento establecidas raramente se aplican, puesto que en teoría a un Estado que cometiera esas graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos se le podría suspender si lo demandasen dos tercios de los votantes de la Asamblea General… cierto número de Estados está, por desgracia para los pueblos, en esa situación.

El Consejo de los Derechos Humanos «después de agotar todos los esfuerzos para alentar a un Estado a cooperar en el procedimiento del Examen Periódico Universal, podrá actuar, si ha lugar, con respecto a los casos de no cooperación persistente» (40), pero, ¿servirán de algo las medidas que se impongan? Numerosos Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos denunciaron esta primera no cooperación y se consideran particularmente afectados por esta decisión que corre el riesgo de debilitar el mecanismo de la EPU y crear una precedente; sin olvidar, como señala Turquía, que el Consejo corre el riesgo de abrir una brecha en el sistema al conceder un plazo (41) a un país que no coopera. ¡Es necesario que el Consejo de los Derechos Humanos defina el concepto de «no-cooperación»! ¡El futuro del Consejo podría estar en juego!

Dos organismos de la ONU -El Consejo de Seguridad y el Consejo de los Derechos Humanos- dos disfunciones demostradas que se explican, en parte, por la naturaleza de las relaciones de fuerza y cuyos errores tienen consecuencias sobre los pueblos que cada vez resultan más despojados de todos sus derechos y deben enfrentarse a numerosas dificultades para conseguir que se reconozcan y se apliquen los citados derechos.

Dos propuestas que podrían reducir las disfunciones de esos organismos; por una parte eliminar el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que ya no son legítimos desde el final de la colonización y la caída del muro de Berlín; ¿acaso fueron legítimos alguna vez? Los pueblos deben conseguir medios de representatividad que tengan en cuenta al mismo tiempo el principio de soberanía de los pueblos y la eficacia de dicha soberanía.

Por otra parte es necesario incrementar el número de Estados del Consejo de los Derechos Humanos de forma que el Consejo no esté secuestrado por algunos Estados y que los que no forman parte aprovechen para deslegitimarlo.

Cada vez es más difícil para los Pueblos de las Naciones creer que sus gobernantes están para « preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles » (42).

Existe una ruptura dramática entre la comunidad internacional y el Pueblo de las Naciones; si este último siempre está dispuesto «(…) a volver a proclamar su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de las personas, en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, así como de las naciones grandes y pequeñas», la comunidad internacional por su parte está lejos de « crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional (…) con el fin de practicar la tolerancia, convivir en paz como buenos vecinos y unir nuestras fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacionales » (43).

Los pueblos se tambalean bajo los golpes de la crisis económica orquestada por las numerosas desregulaciones del sistema financiero capitalista y comercial y son víctimas directas de ese liberalismo desenfrenado, inhumano y violento. Los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, así como los derechos civiles y políticos, están desde hace muchos años cuestionados sistemáticamente por las decisiones de numerosos gobiernos que optan por privatizar la sanidad, la educación, la vivienda o los transportes públicos y vuelven a cuestionar, en nombre de una globalización unilateral, el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos para privarlos mejor de su derecho a disponer de sus recursos naturales. El sistema capitalista, que empieza a mostrar sus límites, intenta imponerse por medio de la guerra infinita que instala en varias partes del mundo o entre las diferentes culturas en nombre de un modelo único de civilización.

Frente a ese sistema mortífero, los pueblos deben alzar sus voces diversas, su adhesión fundamental al derecho a disponer de sí mismos, su rechazo a ese orden que los explota y los excluye del reparto del poder y las riquezas y les niega el derecho a la paz y a la seguridad internacionales (43).

Notas

(1) Cada cuatro años, todos los Estados deben participar en ese Examen. Todos los años, 48 Estados son revisados según el principio de reparto geográfico equitativo y por orden alfabético.

(2) Del 21 de enero al 1 de febrero de 2012

(3) El Consejo de los derechos Humanos fue creado por la Asamblea General de la ONU el 5 de marzo de 2006, en sustitución de la Comisión de los Derechos Humanos, por 170 votos, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshals, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorrusia, Irán y Venezuela), con el objetivo principal de promover el respeto universal y la defensa de todos los derechos humanos. También está encargado de examinar las violaciones de estos últimos y hacer las recomendaciones al respecto, siempre conservando la tarea de desarrollar el derecho internacional en materia de derechos humanos. Podemos preguntarnos por qué el número de Estados miembros ha disminuido con respecto al de la Comisión de los Derechos Humanos a pesar de que han llegado nuevos Estados independientes, http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/

(4) Examen Periódico Universal, decimoquinta sesión (1 de febrero de 2013) lista de recomendaciones para los Estados examinados.

(5) El Examen Periódico Universal (EPU) fue establecido por la Resolución 60/251. Este proceso, basado en la cooperación permite la presentación.http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_7_sp.pdf

(6) Principales y objetivos, 1. Principales 3ª, 3b, 3c; Resolución 5/1 Institution-Bulding of the United Nations Human Rights Council.

(7) Desde el 1 de enero de 2013 el presidente del Consejo de los Derechos Humanos es Remigiusz Henczel, de Polonia.

(8) Une résolution de l'ONU pour enquêter sur les colonies israéliennes (Una resolución de la ONU para investigar las colonias israelíes)

(9) Resolución 19/17.

(10) Presentada por Pakistán en nombre de la OCI y adoptada por 36 votos, 1 en contra –Estados Unidos- y 10 abstenciones.
(11) Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (Informe de la misión investigadora internacional independiente para investigar las implicaciones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en los Territorios Palestinos Ocupados incluida Jerusalén Oriental).

(12) P eriódicos israelíes

(13) Véase la masacre de Yenín en abril de 2002.

(14) PCHR

(15) Betslem, Adalah, ACRI

(16) Gaza, diciembre de 2008-enero de 2009.

(17) Israël a le droit de se défendre (Biden). (Según Biden, Israel tiene derecho a defenderse

(18) Washington "soutient le droit d'Israël à se défendre" (Washington «apoya el derecho de Israel a defenderse»).
(19) Hillary Clinton: Israël a le droit de se défendre (Hillary Clinton: Israel tiene derecho a defenderse). (20) «Ninguna disposición de la presente Carta afectará al derecho natural de legítima defensa, individual o colectiva, en el caso de que un miembro de las Naciones Unidas sea objeto de una agresión armada, Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los terroristas de Hamás han matado a cientos de hombres, mujeres y niños en Israel y han lanzado 12.000 cohetes en 12 años desde Gaza. Tsahal tiene el deber de proteger a su población y combatir a los terroristas de Gaza» .
(21) Desde el 10 de mayo de 2010, el Estado Israelí es miembro observador de la OCDE http://www.oecd.org/fr/israel/israeletlocde.htm

(22) http://www.bdsfrance.org/index.php

(23) Ver la web de BDS-France, http://www.bdsfrance.org/

(24) Leer, entre otros, El tranvía de Jerusalén frente al Derecho Internacional, Mireille Fanon Mendes France.

(25) Opinión consultiva del 9 de julio de 2004 -101, http://www.icj-cij.org/ tras la Resolución A/RES/ES-10/14 de 8 de diciembre de 2003 introducida por la Asamblea General

(26) Se firmaron en 1951 pero no adoptaron el Protocolo Adicional de 1977.

(28) Dos miembros de la familia Ajouri, un hermano y su hermana.

(29) http://www.abidemiracles.com/555701.htm

(30) Anexados a la IV Convención de La Haya

(31) Carta de las Naciones Unidas, capítulo I, Objetivos y Principios, artículo I-1

(32) Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, 1º.

(33) Páginas 1329-1366, Jean-Pierre Cot, Alain Pellet, Mathias Forteau, éditions Economica

(34) No fue la primera, hubo otra en noviembre de 2007.

(35) 3 de octubre de 2012, ataque al pueblo turco fronterizo de Akçacale con resultado de cinco muertos civiles.

(36) www.france24.com/.../20121005-conseil-securite-onu-

(37) Chaumont, Ch., «Cours général de Droit international Public», RCADI, 1970, p. 345.

(38) Artículo 27-3.

(39) Mencionado también claramente en el párrafo 1 del Preámbulo y en los artículos 1.2 y 2.1, capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas.

(40) Sortir le droit international du placard, Monique Weil y Roland Weil, CETIM, Ginebra, 2008.

(41) A continuación del examen, artículo 38, Resolución 5/1. Institution-Building of the United Nations Human Rights Council.

(42) Borrador de decision sometido al president de The Human Rights Council, The non-cooperation of a State under Review with the Universal Periodic Review Mechanism, A/HRC/OM/7/L.1; http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_om_7_l.1_decision_non-cooperation_upr.pdf

(43) Primer Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.

(44) Véase nota 42

Mireille Fanon-Mendès-France es la presidenta de la Fundación Franz Fanon, pertenece a la Asociación internacional de Juristas Demócratas y es miembro del Grupo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons , respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

8 y 1/2 SIN FELLINI





La crisis desde Italia

Opera Mundi / Alba Sud

La crisis económica que golpea el sur de Europa, y en particular Grecia, Italia y España, tiene también una dimensión social y moral, con ganadores y perdedores. Aquí se analizan las distintas dimensiones, manifestaciones y razones de la crisis en Italia. Una mirada desde abajo.


La Constitución italiana, en vigor desde 1948, declara en sus primeros 12 artículos cuáles son los pilares de la República. Los constituyentes decretaron, en el artículo 1, que Italia es "una República democrática fundada en el trabajo". A la República corresponde remover los obstáculos de orden económico y social que "impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país" (art.3). También se reconoce a todos los ciudadanos "el derecho al trabajo” y la promoción de “las condiciones que hagan efectivo este derecho" (art.4).
Ante la violenta crisis económica que, a partir de 2008, ha sacudido la península italiana y el resto de Europa, esos Principios Fundamentales quedaron aún más rezagados y prácticamente vacíos de contenido.
Actualmente, la deuda pública italiana ha sobrepasado los 2 mil billones de euros, es decir más del 126% del PIB (Producto Interno Bruto). De 60 millones de habitantes, solamente 23 millones trabajan. Cuatro millones de personas no tienen ocupación, que equivale al 10% de la población economicamente activa, e igual cantidad tiene un trabajo precario que no les garantiza una entrada económica durante todo el año, ni gozan de los derechos laborales mínimos. El 35% de la población desocupada tiene menos de 35 años, y en su mayoría, mujeres.
Los datos publicados por la revista Altreconomia arrojan un total de casi ocho millones de personas desempleadas o con empleos precarios, mal pagados y por tiempo determinado. Además, durante el año 2012, se ha calculado un total de un billón de horas de paro forzoso, que equivale a un promedio de un mil horas para un millón de personas que recibieron solamente el 60% de su salario.
Según el sociólogo y experto en temas laborales, Luciano Gallino, el desempleo es “una herida profunda en la autoestima de una persona y el escándalo más grande para una sociedad”. De acuerdo con Roberto Giudici, coordinador de Organización de la FIOM Milano (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos), “es una crisis muy extensa, que está golpeando a todos los sectores de la economía italiana, y que tiene sus raíces en el claro predominio del capital financiero sobre el capital productivo, es decir la financiarización de la economía”.
El resultado ha sido dramático y ha llevado al cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas, al aumento del desempleo y de la precarización laboral, sobre todo entre los jóvenes. Además, ha demandado nuevos y más profundos sacrificios a la mayoría de las familias italianas. “Lamentablemente, estos sacrificios no están sirviendo para reactivar la economía, la producción y las inversiones, sino para pagar las deudas de los bancos”, afirmó Giudici.
En menos de tres años (2008-2011) la deuda pública europea ha aumentado del 20% y la respuesta ha sido el recorte al estado social. En 2012, el gasto social de los entes locales en Italia tuvo una disminución de hasta el 13%, y los recortes se dieron, sobre todo, en el área de los servicios brindados a la población más desprotegida.
Más allá de la disminución de los recursos, lo que más preocupa a las organizaciones que trabajan en el sector de los servicios sociales es la crisis de un diseño político, basado en el trinomio derechos-welfare-servicios.
Para Don Virginio Colmegna, sacerdote y director de la Fundación Casa della Carità, lo que hay que enfrentar con firmeza es la injusta redistribución de la riqueza que hay en Italia. “El riesgo es que se consolidice la vieja y nueva pobreza alrededor de respuestas de carácter asistencial, sin atacar estructuralmente el profundo vulnus (lesión) que se ha creado, como producto del vacio de la política y el rechazo del capitalismo a redistribuir la riqueza”, dijo.
Explosión del sistema
Para Pietro Raitano , director de Altreconomia , no se trata simplemente de una crisis que refleja un momento particular de la historia económica del mundo, sino de la explosión del sistema mismo. “No sólo una parte del planeta ha vivido y consumido recursos más allá de sus posibilidades reales, sino que el propio sistema financiarizado ha demostrado todos sus límites y su absurdidad”. En este nuevo siglo, estamos viendo Estados que emiten Títulos Valores para salvar a los bancos, y “el peso de ese nuevo endeudamiento lo trasladan a la población, a través de recortes al welfarey la pérdida de derechos”, continúa.
En lugar de invertir en innovación tecnológica para aumentar el valor de la producción, el gran capital nacional ha preferido enfocarse en la reducción del costo de la mano de obra, así como en la fragmentación y atomización de las empresas. Es por eso que, entre los efectos más nefastos de esa crisis, señala Giudici, no solamente está el cese de la relación laboral o la adopción de amortiguadores sociales, sino sobre todo “el ataque despiadado a los que son los derechos históricos de la clase trabajadora”.
“En las últimas décadas y con el gobierno Monti, se ha puesto en contraposición el trabajo con los derechos adquiridos en tantos años de lucha. Hoy en día, en Italia, si quieres trabajar debes renunciar a tus derechos laborales”, asegura el dirigente sindical.
También para el profesor Gallino, las reformas del mercado del trabajo impulsadas a inicio del nuevo siglo se han enfocado en la flexibilización y precarización del empleo, supuestamente para crear más ocupación. “No existe algún estudio empírico que meta en relación la flexibilidad laboral con el aumento del empleo, antes bien, se ha demostrado lo contrario”, explica el catedrático a Altreconomia.
Según datos del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) el índice de rigidez del empleo en Italia ha disminuido mucho durante la última década, pasando de 3.5 en 2003 a casi 1.8 en 2012, en una escala de 0 a 5, donde el valor máximo (5) significa casi la imposibilidad de despedir.
¿Derechos o desechos?
Entre los derechos laborales históricos que han sido fuertemente afectados por las reformas del trabajo, el coordinador de Organización de la FIOM-CGIL señala una profunda revisión del sistema de pensiones con, entre otros, el aumento de la edad de jubilación, la eliminación de la pensión de vejez y el paso del sistema retributivo al sistema contributivo.
También se derogó, para varios sectores o ramas, el Convenio Colectivo Nacional, se implementaron diferentes instrumentos de flexibilidad y precarización laboral y se reformó el artículo 18del Estatuto de los Trabajadores, que prohibía el despido sin causajustificada.
“En Italia se ha venido impulsando con fuerza la idea de que el trabajo es una mercancía y ya no un derecho. Con estas reformas, se ha perseguido el objetivo de atomizar, dividir y debilitar las organizaciones sindicales, modificando drásticamente las ‘relaciones de fuerza’ entre los trabajadores organizados y el capital”, apuntó Giudici.
Para él, el artículo 1 de la Constitución ya perdió su significado más profundo, porque el trabajo ya está en función de las exigencias del capital. “Italia se ha transformado en una República fundada en el trabajo precario”, dijo.
Una situación extremadamente grave que se inserta en un contexto de país caracterizado por la fuerte concentración de la riqueza, los altos índices de evasión fiscal, corrupción y agotamiento de los recursos naturales, así como la falta de medidas para gravar las transacciones financieras o de pasos firmes para alcanzar tratados internacionales sobre los ‘paraísos fiscales’.
“Hay una crisis ecológica mundial y estamos acabando con los recursos naturales. Sin embargo, seguimos viendo la ‘ganancia’ como motor imprescindible de desarrollo del país. Al endeudamiento financiero estamos respondiendo con el endeudamiento ecológico, es decir, con más política del cemento y la postergación de sus efectos desastrosos. La crisis no es solamente económica, sino moral y de falta de legitimidad y representatividad de la clase política tradicional”, analizó Raitano.
Para Colmegna, es imprescindible enfocarse en los que son los derechos de ciudadanía y un estado social (welfare) más justo, incluyendo necesariamente en el debate político la relación entre ética y financia, para así definir los pilares de la economía del futuro. “Necesitamos de una cultura antropológica económica que se mida con el futuro. Para hacerlo, necesitamos de una visión que acabe con el individualismo exasperado del capitalismo y el individualismo orgiástico del berlusconismo, que produjo una laceración de carácter ético enorme”, aseveró el director de Casa della Carità.
¿Una crisis eludible?
En su libro La lucha de clase después de la lucha de claseLuciano Gallino asegura que la lucha de clase hoy es una lucha emprendida desde arriba, desde el gran capital que nunca ha abandonado su lucha ideológica. Ahora, quiere recuperar los privilegios y el poder que había perdido durante las décadas pasadas, producto de la lucha del movimiento obrero.
En este sentido, la crisis que se está viviendo, no sólo en Italia sino en toda Europa, es el resultado de una ideología muy bien definida que el capital ha impuesto en las últimas décadas, cuyos impactos eran previsibles.
Una clase dominante, asegura Gallino, que es la expresión de un poder político y económico que dice al 90% de la población qué es lo que debe hacer. “Aquí no es el sistema que está en crisis, sino que es el mismo sistema capitalista-neoliberal que precisa de la crisis para mantenerse y renovarse”, subrayó el director de Altreconomia. Según él, el problema es salir de la crisis eliminando un sistema que no funciona, y en el cual “los ricos han mantenido o aumentado su riqueza, los evasores siguen evadiendo los impuestos, mientras que los trabajadores y sus familias se hunden en la pobreza”.
Un plan que para Giudici se basa en ‘recetas’ que ya fueron experimentadas ‘exitosamente’. “Las políticas de precarización y tercerización laboral que se han impulsado en América Latina, por ejemplo, son las mismas que ahora se están implementando en Europa y que nos están llevando hacia el abismo”, dijo Giudici.
Para el dirigente sindical de la FIOM es necesario no sólo volver a impulsar una democratización de los procesos y de las actividades productivas, sino sobre todo “retomar la autonomía de análisis de la situaciós y reactivar las relaciones con el mundo, tomando en cuenta la dimensión más global de este fenómeno”.
La respuesta pasa también por una toma de conciencia de lo que de verdad está ocurriendo, impulsando un consumo que apunte a la sostenibilidad ambiental, económica, a la solidaridad entre consumidores, volviendo a la modalidad cooperativa, cuyo objetivo no es el lucro sino dar trabajo a todos, garantizando el bienestar de sus socios. “Es a través de la decisión de cada día que podemos comenzar a cambiar este modelo. Debemos analizar y hablar de lo que está ocurriendo, porque el silencio ayuda a que estas doctrinas nefastas tengan éxito”, concluyó Raitano.
JÓVENES, MUJERES E INMIGRANTES SON LAS PRICIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS
Después de la caída de Berlusconi, Monti hizo una reforma drástica del mercado laboral y del sistema de pensiones. Dario Anzani es educador de la Cooperativa Social “Comunità del Giambellino”. Tiene más de 20 años de trabajar por las calles del barrio Giambellino, una de las zonas históricamente más conflictivas de Milán, ciudad que, hace algunas décadas, se jactaba de ser la capital económica e industrial de Italia. “La crisis económica está golpeando duro y los principales afectados son los y las jóvenes”, dijo.
Para Cristina Tajani, concejal del Ayuntamiento de Milán para la política laboral y el desarrollo económico, los datos sobre el desempleo en esta ciudad, aunque en niveles inferiores a la tendencia nacional (10%), siguen siendo alarmantes, situándose en un 6%. Tajani es la más joven concejal (34 años) de la Junta municipal encabezada por el alcalde izquierdista Giuliano Pisapia, quien, en mayo de 2011, puso fin a veinte años de ‘berlusconismo’ en esta ciudad. También para ella, la situación del empleo juvenil necesita de acciones urgentes.
“Aunque registramos una leve disminución en los últimos dos años y quedamos muy lejos del promedio nacional (35%), la tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) en Milán aún supera el 20%”, explicó a Opera Mundi . La concejal advierte que, en medio de la crisis, la mujer es la que más está sufriendo la caída de la ocupación, “en un mercado laboral que se ha vuelto más flexible y precario como nunca antes se había visto, y que difícilmente tutela la maternidad”. Una situación que, para Anzani, tiene mucho que ver con la evolución de una crisis económico-financiera, que en las últimas dos décadas se ha mezclado con el deterioro significativo y acelerado de los valores , en todos los estamentos del tejido social . “El modelo individualista de Berlusconi fue como un terremoto. Un modelo que ha contribuido de manera determinante a la modificación del tejido social italiano”, aseguró.
Durante los últimos 20 años trabajando en la educación de calle, Anzani dijo haber asistido a una modificación brutal del territorio. “Años atrás, grupo de jóvenes se encontraban en cada parque o rincón de la ciudad, relacionándose con su propia historia y lenguaje. Nosotros interveníamos para reconocer cuáles eran las dinámicas de cada grupo y ayudar con la evolución positiva de dichas dinámicas y el desarrollo de valores compartidos”, manifiestó. Hoy en día, esto ya no es posible. Los grupos prácticamente han desaparecido y los pocos que quedan se han transformado en “un conjunto de sujetos que solamente comparten el consumo de sustancias ilegales. La sociabilidad juvenil ya no existe”, explicó Anzani.
Según él, esta situación es producto no sólo del advinimiento de las nuevas tecnologías y la comunicación virtual, sino sobre todo “ese manto deindiferenciae intolerancia que se respira, como producto de un modelo individualista que ha fragmentado la sociedad. Es una crisis que necesita de una respuesta amplia y coordinada, que vuelva a posicionar la importancia del gasto público y de las relaciones sociales”, concluyó Tajani, recordando los esfuerzos que el Ayuntamiento de Milán está haciendo a través de varios ‘paquetes de medidas anticrisis’, como la asistencia directa a las personas, los incentivos a las empresas para reactivar la ocupación y el apoyo para la creación de nuevas empresas (start-up), con un claro enfoque juvenil.
“Exodados”
Lutz Kühn es alemán, tiene 60 años, los últimos 26 pasados en Italia, donde ha trabajado como ingeniero electrónico en el sector de la telefonía. En 1993, comenzó a trabajar para la empresa alemana Siemens, la cual, en 2005, creó una joint-venture con Nokia. En 2008 la empresa de capital alemán-finlandés tomó la decisión de reducir las actividades y anunció un excedente de personal. A Lutz - como a muchos de sus colegas - le faltaban solo seis años para su jubilación (2014) y le ofrecieron un “incentivo para el éxodo”.
A cambio de la renuncia inmediata y definitiva al puesto de trabajo, la empresa le garantizaba 3 años de “movilidad” (2009-2011), durante los cuales recibiría un salario reducido (80%), más el pago, en una sóla cuota, del equivalente a las 36 mensualidades que aún faltaban para llegar a su jubilación (2012-2014).
Después de la caída del gobierno Berlusconi en 2011, el gobierno técnico de Mario Monti y su ministra de Trabajo, Elsa Fornero, impulsaron una drástica reforma laboral y del sistema de pensiones. Eliminaron la pensión de vejez [1], elevaron de forma progresiva la edad de jubilación y pasaron del sistema retributivo al sistema contributivo, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras, que habían aceptado el plan de incentivo para el éxodo, sin los medios mínimos para sobrevivir.
“En mi caso, la reforma impulsada por la ahora ex ministro Fornero extendió mi edad de jubilación hasta el año 2019, es decir, cinco años más, durante los cuales no voy a tener ni salario, ni pensión”, afirmó Kühn.
Según datos del INPS (Instituto Nacional de Previsión Social), serían no menos de 390 mil los ex trabajadores y trabajadoras en esta situación. Hasta el momento, los programas del dimisionario gobierno Monti prevén medidas alternativas a la reforma solamente para 130 mil personas. Nadie al momento sabe qué pasará con los otros 250 mil trabajadores exodados y sus familias.
“Afortunadamente, yo vivo solo, tengo mi casa y algunas pequeñas inversiones. Voy a poder aguantar esta situación hasta mi jubilación, pero hay muchas personas que están desesperadas y no sabe qué hacer”, explicó Kühn.
Pero él no se ha quedado de brazos cruzados y, junto con la CGIL Milano (Confederación General Italiana del Trabajo), se ha involucrado en el movimiento de protesta. “Lo que han hecho no es humanamente justo, porque no pueden cambiar las reglas del juego sin tomar en cuenta las consecuencias, dejando a centenares de miles de personas en una situación muy difícil”.
Es por eso que en la sede central de la CGIL en Milán se ha abierto un espacio para esos trabajadores. “Todos los martes escuchamos a la gente, le damos orientación y consejos, tratamos de responder a sus inquietudes. Están preocupados, no saben como van a poder seguir pagando sus deudas e hipotecas, quieren saber si están a salvo o si quedaron atrapados en el bolsón de los exodados”, continuó el alemán.
Según él, es muy importante que la gente se reapropie de su dignidad de trabajador y de ciudadano. “El gobierno saliente habla de ‘salvar’ a las personas, pero no debemos olvidar que nos están quitando un derecho adquirido. No nos están dando ninguna limosna, ni queremos ser salvados, simplemente exigimos nuestros derechos”, concluyó.
Últimos de los últimos
Paolo Oddi es abogado inmigracionista y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración. No tiene la menor duda de que los que más están pagando esta crisis son los sectores más desprotegidos, entre ellos, los inmigrantes, aún más si son irregulares o ilegales.
Durante las últimas dos décadas, Italia ha adoptado una política inmigratoria marcadamente prohibicionista, y uno de sus efectos ha sido la imposibilidad de regularizar el estado migratorio para centenares de miles de ciudadanos extracomunitarios (no perteneciente a la Unión Europea). “Esa situación los ha llevado a buscar trabajos precarios y subpagados, expuestos al chantaje de los empleadores y a la amenaza de ser detenidos y expulsados”, contó Oddi.
El mercado laboral, en plena crisis, ha aprovechado de esta gran cantidad de mano de obra, engrosando los bolsones de ‘trabajo en negro’ y de pobreza. La precarización laboral ha ido creciendo a la par de la precarización de los derechos de los inmigrantes, y las políticas represivas han conllevado una mayor invisibilización de estos sujetos sin derechos.
Pese a que recientemente la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos más nefastos de la Ley 189 de Regulación de la Inmigración (conocida como Ley Bossi-Fini) - entre otros, el ‘delito de clandestinidad’ y la ‘ilegalidad migratoria’ como agravante de la pena - la pérdida del trabajo, hasta para un inmigrante regular, “hunde a las personas en una espiral de chantajeabilidad y debilidad, y esto pese a que los inmigrantes constituyen una fuerza vital y un recurso extraordinario para el país”, aseveró el abogado inmigracionista.
El Centro de Identificación y Expulsión (CIE)
“El CIE o ex CPT (Centro de Estancia Temporal) es la abominación y una violación a los derechos fundamentales”, sentenció Oddi. Con la Directiva del Retorno de la Unión Europa (2008), que en Italia entró en vigor en 2011, de hecho se uniformaron las políticas de expulsión de inmigrantes de todos los países miembros. Con ella, se determinó una detención administrativa no superior a 18 meses, de personas extracomunitarias que no podían ser expulsadas de otra forma. “En Italia hemos sido incapaces de crear condiciones civiles para la detención de estas personas”, dijo el abogado.
En efecto, no sólo no hay claridad sobre los derechos de las personas recluidas, ni sobre la reglamentación de los procedimientos de reclusión, sino que tampoco hay personas encargadas de la dirección de estos Centros, ni una instancia judicial que vigile sobre lo que ahí ocurre. “Son verdaderas cárceles, una especie de Guantánamo donde las personas viven en condiciones infrahumanas, y donde reina el caos y la casualidad. Ahí se mezclan criminales que han cometido varios delitos, con personas que simplemente han perdido el trabajo y no pueden renovar su permiso de estancia en el país”, explicó Oddi.
Muchas veces, cuando logran salvarse del proceso de expulsión, los inmigrantes se mezclan con los sectores más pobres de la población italiana y con los ‘nuevos pobres’ de la crisis.
Casa della Carità
La Casa della Carità (Casa de la Caridad) es una fundación cuya sede central surge en las afueras de Milán y desarrolla sus actividades con el apoyo del Arzobispado y el Ayuntamiento. Su objetivo es tutelar y velar por los derechos de las personas que se aproximan a la estructura residencial y crear nuevos caminos para la autonomía, así como concientizar a las instituciones y a los ciudadanos acerca de los derechos de ciudadanía.
Cada año, ofrece hospitalidad a más de 300 personas y varios servicios a miles de ciudadanos en dificultad. En su 10 años de existencia, la Casa ha atendido las necesidades urgentes de personas provenientes de 90 países en el mundo.
Emanuela “Tea” Geromini es trabajadora social y hace siete años comenzó a trabajar con la Casa della Carità. Ella explica que el Centro de Escucha, donde desempeña su actividad laboral, ha registrado, entre 2009 y 2012, un aumento significativo de las demandas, sobre todo de parte de ciudadanos extranjeros. “Hay mucha más gente que llega a buscar apoyo y que vive situaciones extremadamente difíciles. Las solicitudes de trabajo, por ejemplo, se han sextuplicado y esto nos indica que el trabajo se ha convertido en una prioridad”.
También hubo un aumento sustancial del número de familias desahuciadas. “Pierden el trabajo y no pueden seguir pagando la hipoteca, quedando así expuestas al desahucio. Muchas veces, esta situación genera formas diversas de trastorno mental, aumentando la carga de sufrimientoque ya los agobia”, continuó la trabajadora social.
En el caso de los extranjeros, esta situación comporta la pérdida del permiso de estancia en el país. “Personas que quizás tienen hasta diez o veinte años de vivir legalmente en Italia, se encuentran de repente sufriendo una condición de clandestinidad, expuestos a la precariedad y hasta a la detención y la expulsión”, dijo Geromini.
En el caso de las mujeres, hay una verdadera pérdida de identidad. “Quedan atrapadas en una doble ausencia: de su país de origen y de Italia, donde, con muchas dificultades, habían adquirido un estatus, una razón de ser”.
Geromini advierte también del peligro de un recrudecimiento del racismoy de nuevas formas de discriminación racial. “La crisis y la necesidad de encontrar a quien culpar de todas sus desgracias acentúan la intolerancia hacia los extranjeros. Una guerra entre pobres donde solamente hay perdedores”.
"LA ECONOMÍADEL LADRILLO": ITALIA INVIERTE EN GRANDES OBRAS A PESAR DE LA RECESIÓN
Un ejemplo es la construcción del TAV (Tren de Alta Velocidad), casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyón.
Al llegar al pequeño poblado de Giaglione, en el Alto Valle de Susa, al noroeste de Italia, el cielo plomizo y cargado de agua no parece ser motivo de preocupación. Una multitud se ha reconcentrado en un vasto estacionamiento, localizado en las inmediaciones de un pequeño camino que se pierde entre las montañas, y se apresta a emprender una nueva marcha.
Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos, varios de ellos y ellas con banderas y mantas que reproducen el logo del Movimiento NO TAV. Megáfonos y altoparlantes difunden música entremezclada con consignas, bajo una llovizna fina y ligera que, poco a poco, va creciendo de intensidad.
La marcha pacífica inicia y, después de varios kilómetros bajo una intensa lluvia, consigue llegar hasta las redes metálicas y el alambre de púas que cercan el lugar de las excavaciones.
Miles de personas se acercan a la zona de la Maddalena de Chiomonte, dispersándose debajo de los altos arboles que han sobrevivido a las retroexcavadoras que han hecho estragos del bosque de abedul. Debajo de sus paraguas, gritan su rechazo y, al unísono, golpean con piedras la estructura metálica, detrás de la cual se entrevén los uniformes de militares y policías que resguardan uno de los megaproyectos más polémicos de las últimas décadas.
El primer estudio de factibilidad sobre los casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyon, para la implementación del TAV (Tren de Alta Velocidad) tiene más de 20 años (1991). El proyecto de esta línea ferroviaria trasfronteriza entre Italia y Francia prevé también un maxi túnel de 57 km (12.5 km en territorio italiano).
El costo previsto para la realización de la Fase 1 de la obra, es decir la parte transfronteriza, es de 8.5 billones de euros, de los cuales Italia tendrá que garantizar 2.7 billones, ya que el acuerdo prevé una repartición de gastos entre la Unión Europea (40%), Francia (42.1%) e Italia (57.9%). El costo total podría sobrepasar los 25 billones de euros y nadie, al momento, sabe decir de dónde saldrá esta cantidad que equivale a casi el 1.6% del PIB (Producto Interno Bruto) italiano.
Según los planes de la Unión Europea, la línea Turín-Lyon será parte del megaproyecto “Prioritario 6”, que se propone unir esa ciudad francés con la frontera de Ucrania en el marco de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), un conjunto planificado de redes de transporte pensadas para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. Las obras se extenderían más allá del año 2030, con un costo total que ronda los 230 billones de euros.
Lo que las maquinas están excavando en la Maddalena de Chiomonte es una galería exploratoria de casi 8 km para llevar a cabo estudios geognósticos. El costo sobrepasa los 145 millones de euros y, para proteger el inicio de esta inversión público-privada ante las incesantes protestas, la zona ha sido totalmente cercada y militarizada.
También en ese caso, el costo de la seguridad de la inversión corre por cuenta del Estado, es decir de los mismos ciudadanos que sufren la crisis económica y a los cuales se les exigen sacrificios para sanar la deuda pública.
“Una vez más estamos aquí, como siempre lo hemos hecho en los últimos años. En el Valle de Susa nos estamos jugando el futuro, y nuestra lucha ya es un símbolo de esperanza para todos aquellos y aquellas que creen que un mundo diferente es posible. Les agradezco por todo el apoyo que me han dado en estos meses tan difíciles. No nos van a detener nunca”, dijo Luca Abbà ante la multitud.

En febrero de 2012, Abbà, figura histórica del Movimiento NO TAV, se había subido a una torre de alta tensión para protestar contra el levantamiento de las vallas metálicas y denunciar el desalojo violento de centenares de activistas. Mientras unos policías subían a la torre para apresarlo, Abbà fue alcanzado por una descarga eléctrica y cayó al suelo desde una altura de 10 metros, sufriendo fracturas graves y quemaduras en todo el cuerpo.
“Economía del ladrillo”
El movimiento NO TAV, dicen los integrantes de los Comités que han surgido a lo largo de todo el territorio nacional, lucha en defensa de los bienes comunes, rechazando su mercantilización. De la misma forma, se opone a un modelo que pretende dar respuesta a la crisis económica a través de la implementación y profundización de una “economía del ladrillo”, basada en la construcción de infraestructuras y grandes obras.
En aras de fomentar un supuesto mayor crecimiento económico, estabilizar los índices macroeconómicos, mostrar un aumento, aunque mínimo, del PIB (Producto Interno Bruto) y, sobre todo, invertir los excedentes financieros, en Italia, a través de la ‘ideología’ de las grandes obras, se pierden 244 mil hectáreas de territorio cada año, es decir 688 hectáreas diario.
“El TAV no tiene sentido. Ya existe una línea Turín-Lyon que está subutilizada y que registra una disminución constante del tráfico ferroviario. Además, nunca va a ser sostenible económicamente y los impactos ambientales van a ser desastrosos”, dice el periodista económico Roberto CudaOpera Mundi, citando datos del estudio realizado por la Comision Técnica de la Comunidad Montana del Valle de Susa y Valle Sangone, junto con varios expertos externos.
Contra el proyecto, que ha sido repetidamente modificado en el trascurso de las últimas dos décadas, se ha movilizado un abanico muy amplio de sectores, que involucran no solamente los diferentes Comités de ciudadanos de los valles afectados, sino también la inmensa mayoría de Ayuntamientos de la zona y un sinnúmero de organizaciones radicadas en todo el territorio nacional.
“El Movimiento NO TAV es muy diverso, incluyente e intergeneracional. Ha crecido, se ha extendido geográficamente y hasta se ha solidarizado e intercambiado experiencias con otros movimientos y frentes de lucha. Pese a la criminalización de la lucha y a la violenta represión, las movilizaciones han sido masivas, constantes y no se van a detener”, puntualizó Cuda.
Según el periodista, la gente ya está cansada y no tolera más el abuso y derroche de los recursos públicos, Además, está tomando conciencia acerca de que no se puede seguir depredando el territorio. “Existe una creciente demanda de mejor calidad de viday de sustentabilidad ambiental que ha motivado y sigue fortaleciendo al movimiento”, afirma.
Pese a esta situación, el aparato político y económico del país no parece estar dispuesto a ceder. La maniobra financiera,bautizada por el ex primer ministro Mario Monti de "Salva Italia", impuso un reajuste presupuestario de 30 billones de euros, que costó a cada familia italiana un promedio de 635 euros de más en impuestos. Sin embargo, mantuvo el financiamiento de 2.2 billones de euros para la línea de alta velocidad.
“El TAV se ha vuelto algo simbólico. Ceder ante la presión popular pondría en riesgo la misma ideología de las grandes obras, alentando la protesta contra otros proyectos”, concluyó Cuda.
Para Eugenio Cantore y Bruno Teghille, activistas del Comité NO TAV de Sant’Ambrogio, el Movimiento no va a ceder. “Están devastando nuestro territorio, afectando nuestra salud, atacando nuestra economía. Es una obra que no tiene ningún sentido y que nunca se llevará a cabo. Vamos a continuar la lucha pese a la militarización y a la criminalización”, aseguran.
Teghille evidencia también los grandes intereses que estarían detrás de esa, como de muchas otras grandes obras. “A los lobbies financieros no interesa la utilidad colectiva, sino el lucro personal. Y la política ha jugado un papel vergonzoso e indigno”.
Pese a la fuerte lluvia y a los fuertes chorros de agua lanzados por camiones de la policía, una joven activista señala a todos los presentes la grande fuerza moral que caracteriza la lucha del Movimiento NO TAV. “Ellos tienen las retroexcavadoras, las maquinas perforadoras, los blindados, las armas y las prisiones, pero nosotros tenemos nuestra lucha para garantizar un futuro digno. Tenemos nuestra voluntad, nuestra esperanza y alegría”, concluyó.
Más cemento
En el marco de las grandes obras, en Italia está prevista la construcción de 33 nuevas autopistas, es decir, dos mil kilómetros más de una red vehicular que ya es entre las más grandes de Europa.
Sólo en la región Lombardía, en el norte de Italia, pretenden realizar ocho nuevas autopistas (400 km), con un aumento del 80% de la actual red vehícular. Entre ellas, destacan los proyectos de la Pedimontana, la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) y la TEM (Tangenziale Esterna Milano), con un costo no inferior a los 10 billones euros.
Pese a que en Italia el mercado del auto está en crisis, con una reducción de las ventas del 20% durante el 2012 y con una pérdida de facturación de 7 billones de euros, y el precio de los combustibles sigue creciendo, el sector público-privado prefiere perseguir el espejismo de las grandes obras.
“En vez de potenciar y mejorar los servicios de transporte existentes, como por ejemplo, las líneas ferroviarias que a diario trasladan a miles de trabajadores hacia los lugares de trabajo, continúan invirtiendo dinero público en obras que nadie va a financiar y que, con mucha probabilidad, nunca serán concluidas”, reitera Cuda.
Según el periodista, en Italia es imprescindible forjar una nueva política nacional de transporte, reduciendo la movilidad y facilitando el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio y a los servicios en general, mediante diversos modos de transporte. “Es preciso romper esta colusión de la política con la industria y los negocios. Sólo así podrán cambiar las cosas, dejando de promover obras que no solamente son inútiles, sino que son fuertemente dañinas para la sociedad y el futuro del país”, concluyó.
Notas: [1] La pensión de vejez equivale a un pequeño subsidio para quienes no han cotizado, o no lo suficiente, para recibir una pensión completa. Artículos publicados originalmente en portugués en el diario brasileño Opera Mundi en febrero de 2013.

PUEBLOS EN RESISTENCIA
El blog de Giorgio Trucchi
Sobre acumulación de capital y derechos humanos
Reside en Nicaragua desde 1998 donde inició su colaboración periodística con la Asociación Italia-Nicaragua. Ha colaborado como freelance para Radio Popolare Network, Radio Onda d'Urto y ha publicado varios reportajes para el periódico Liberazione. Actualmente se desempeña como corresponsal en Centroamérica para el Sistema Informativo de la Regional Latinoamericana de la UITA (SIREL) y colabora con el periódico digital Opera Mundi de Sao Paulo de Brasil, ALBA SUD y Kaos en la Red. En este blog, hecho desde Centroamérica, hablamos de derechos humanos violados, luchas campesinas por el acceso a la tierra y a una vida digna, procesos emancipativos del los pueblos ante un modelo económico depredador, impulsado por el gran capital nacional y transnacional.